A- de 2021

Conflicto de competencia suscitado entre las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En este caso solo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que las autoridades judiciales involucradas decidieron tomar las reglas del reglamento interno, así como las de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, para declararse incompetentes y no pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo formulada.

Considera la Corte que la Sala Penal era la que se encontraba en la obligación de resolver el asunto, por tratarse del primer despacho al que se le asignó su conocimiento.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera la decisión de fondo que corresponda.

Se hace una advertencia a esta autoridad para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto y en los reglamentos internos de cada Corporación, en tanto se opone a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.

A la otra Sala se le advierte que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia constitucional, compilada en el Auto 550/18.